Ayer comentamos que la integración económica centroamericana, la más exitosa de América Latina, ha superado muchos obstáculos y enfrenta ahora una nueva prueba con el golpe de estado en Honduras. Como era de esperar, los demás miembros del Sistema de Integración Centroamericano (SICA), al cual la RD está asociada, impusieron sanciones políticas y económicas al gobierno surgido del golpe.
Las sanciones políticas, como el retiro de embajadores y la exclusión de Honduras de "todo tipo de reuniones", son fáciles de implementar. Las económicas son más complicadas.
Algunas de ellas, como detener los desembolsos de los préstamos del Banco Centroamericano de Integración Económica, pueden aplicarse rápidamente y eventualmente podrían abarcar al Banco Interamericano de Desarrollo. Pero las sanciones más impactantes involucrarían medidas como cerrar el intercambio comercial, suspender el transporte aéreo, terrestre y marítimo, congelar los fondos hondureños, detener el flujo de inversiones y retirar a Honduras del sistema monetario de compensación de pagos con las demás naciones del área.
Esas sanciones, que sí serían efectivas, tienen el problema de que no sólo perjudican a Honduras sino a los demás países centroamericanos también. Para las otras naciones de América Latina, y para los EE.UU. y Canadá, imponer este tipo de sanciones económicas es más fácil que para los miembros del SICA. De hecho, es el propio avance logrado en el proceso de integración de Centroamérica lo que las hace más difíciles.
Ante esa realidad, el SICA decidió que irá imponiendo sanciones "escalonadamente", en tanto que los países limítrofes (Nicaragua, El Salvador y Guatemala) cerrarán su frontera terrestre con Honduras durante sólo 48 horas.
La expectativa es resolver la crisis rápidamente, pues la integración hace de las sanciones económicas un arma de doble filo.
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