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SANTO DOMINGO.- El abogado del Estado ante el tribunal de Tierras y el jefe de la Policía Nacional advirtieron ayer que actuarán con drastricidad en contra de las personas que se dedican a invadir terrenos privados y del Estado, en franca violación a la ley.
El doctor Fermín Casilla Minaya y el mayor general Rafael Guillermo Guzmán Fermín manifestaron que harán respetar las propiedades privadas y del Estado, algunas de las cuales han sido invadidas en los últimos días como consecuencia del proceso electoral, principalmente en los sectores Los Alcarrizos, Boca Chica y la ciudad de Monte Plata.
El abogado del Estado y el jefe policial hablaron por separado, luego que distintos sectores expresaran preocupación por el incremento en la ocupación de terrenos privados por parte de personas que se dedican a construir casuchas y vender solares ajenos, lo que ocasiona serios inconvenientes a los legítimos propietarios de esos inmuebles.
Casilla Minaya dijo que la Policía Nacional tiene instrucciones precisas de no permitir que los vándalos invadan la propiedad pública o privada.
Destacó que no solo una propiedad de la Constructora Bisonó fue invadida, sino la propiedad de la viuda Espaillat en Pantoja, donde los invasores han sido desalojados en diferentes ocasiones.
Garantizó que los invasores serán combatidos con toda la drastricidad posible, pero se quejó de que en esos casos hay una organización de derechos humanos y otra no gubernamental, las cuales no identificó, que están dando respaldo y logística a los invasores.
Jefe PN
Guzmán Fermín dijo que impartió instrucciones al personal bajo su mando para que en lo inmediato adopten las medidas que sean necesarias para prevenir la invasión de terrenos en todo el país.
Recordó que recientemente fueron detenidas unas 50 personas que invadieron unos terrenos en el sector Nuevo Amanecer de Los Alcarrizos, en Santo Domingo Oeste. El jefe policial garantizó a los dueños de propiedades que la Policía actuará apegada a la ley.
“La ley establece que toda persona que se introduzca en una propiedad inmobiliaria urbana o rural sin permiso del dueño, arrendatario o usufructuario, será castigada con la pena de tres meses a dos años de prisión y multa a diez a 500 pesos”, precisó.
Fuente: Listin Diario
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